MANIZALES SOLICITÓ DEFINICIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA EPS SALUD CÓNDOR A LOS ENTES JUDICIALES DEL ORDEN NACIONAL

 

 

Con el fin de establecer una estrategia y esquema que permitan despejar los contraflujos informativos  y jurídicos frente al tema de la EPS Salud Cóndor en Manizales, la Secretaría de Salud expidió un oficio que fue dirigido la Procuraduría General de la Nación y que busca también hacer trámite en la Corte Constitucional, con el ánimo de clarificar la decisión en firme que tiene enfrentadas en argumentos a la Superintendencia y esta aseguradora.

 

Nota: Se anexa oficio expedido por la Secretaría de Salud Pública.


SSP - 

Manizales, enero 16 de 2013 

 

Doctor:

ALBERTO HOYOS LÓPEZ

Procurador Regional de Caldas

Procuraduría General de la Nación

Calle 22 # 22-26 Piso 11

Teléfonos: 8835120 - 8833801

Edificio del Comercio

Manizales 

 

Respetado Doctor 

 

En atención a la difícil situación que afronta el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el territorio nacional, se asuma el debate administrativo y judicial que se cierne sobre la Resolución 02743 de 2012, a través de la que la Superintendencia Nacional de Salud adopta la decisión de tomar posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y de intervención forzosa administrativa para liquidar la ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONDOR S.A. “EPS SALUD CONDOR S.A.” con NIT 814.000.608-0, y en consecuencia revoca el certificado de habilitación para la operación y administración del Régimen Subsidiado de la misma entidad. 

El primero de los debates, el administrativo, conlleva a que la Superintendencia Nacional de Salud, haya desatado los recursos interpuestos por la “EPS SALUD CONDOR S.A.”, confirmando la decisión inicialmente adopta en la Resolución 02743 de 2012, conllevando a que la misma quedara en firme. 

Aunado al trámite administrativo, se viene ventilando el debate judicial mediante la formulación de una Acción de Tutela  promovida por la entidad “EPS SALUD CONDOR S.A.”, la que en primera instancia fue desatada ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cali, dejando sin valor lo adoptado y decidido en la citada Resolución 02743 de 2012.  Decisión ésta que al no compartir la Superintendencia Nacional de Salud, formula el recurso de impugnación, y precisa a las entidades territoriales a dar cumplimiento a lo adoptado en la resolución de marras.

 

Hoy el presunto desacato, como lo ha advertido el señor Superintendente Nacional de Salud a fecha del 13 de diciembre de 2012, conlleva a que se estén presentando dificultades de orden administrativo tanto en la Superintendencia Nacional de Salud y en la entidad “EPS SALUD CONDOR S.A.” que generan dificultades en la efectividad de la atención en salud a la que deben acceder los afiliados a la entidad “EPS SALUD CONDOR S.A.”, o si estos deben ser traslados efectivamente en atención a lo dispuesto en el artículo 50 del Acuerdo 415 de 2009 del CNSSS.   

 

Se considera que el posicionamiento adoptado por la Superintendencia es distante de lo previsto en la Sentencia T-053 de 2005[1] de la Corte Constitucional en concordancia con lo dicho en el Auto 010 de 2004, citado en la Sentencia T- 512 de 2011[2]. Y así mismo, el posicionamiento de la entidad “EPS SALUD CONDOR S.A.”, desconoce el querer de los artículos 177 y 178, numeral 3, de la Ley 100 de 1993, en los que se precisa que las Entidades Promotoras de Salud – EPS - son las entidades responsables de la afiliación, y el registro de los afiliados, siendo su principal función la de organizar la forma y mecanismos a través de los cuales los afiliados y sus familias puedan acceder a los servicios de salud en todo el territorio nacional.

 

Consecuente con lo anterior, es que solicita su Despacho Judicial para que por intermedio de  su Honorable Despacho para que se acuda ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial, a fin de que las decisiones a tomar en el fallo que se adopte en segunda instancia dentro del debate judicial en comento, o ante la Corte Constitucional en caso del eventual estudio de revisión, tiendan por orientar a las entidades territoriales que tengan población afiliada ante a la entidad “EPS SALUD CONDOR S.A.”, sobre el qué hacer a fin de garantizar el acceso al servicio de salud a dichos afiliados, esto es, si procede el traslado excepcional de que trata la Resolución 02743 de 2012, o si por el contrario dicho población debe seguir afiliada a la respectiva EPS’S.

 

 

Atentamente. 

 

CARLOS HUMBERTO OROZCO TELLEZ               ASMED HEREDIA RAMÍREZ

Secretario Local de Salud                                          Profesional Especializado – Sec. Jurídica 

 

c.c.          Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Presidente de la Corte Constitucional, Palacio de Justicia Calle 12 No. 7 – 65, Bogotá

Doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, Procurador General de la Nación, Carrera 5ª nro. 15 – 60, Bogotá

Doctora Sandra Morelli, Contralora General de la República, Carrera 10 No. 17-18, Bogotá.



[1] Magistrado Ponente: Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO; en la que se precisa: “(…) no importa la autoridad, ni la calidad del funcionario que deba o esté obligado a cumplir una orden impartida por un juez de la República, esa sentencia deberá cumplirse indefectiblemente y respetarse en su integridad, más aún en el caso de entidades públicas que condenadas por una decisión judicial deberán dar ejemplo de acatamiento a dichas providencias y de respeto a las instituciones judiciales del país. (…)”

[2] Magistrado Ponente: Dr. JORGE IVAN PALACIO PALACIO; en el que se precisa: “(…) es claro que las órdenes contenidas en las decisiones de tutela, dirigidas a la protección de los derechos, tienen que acatarse y cumplirse sin excepción. La autoridad o el particular que haya sido declarado responsable de la amenaza o violación, debe cumplir la orden encaminada a la protección de los derechos fundamentales en los términos que lo indique la sentencia y en el plazo allí señalado. El incumplimiento de la decisión conlleva una violación sistemática de la Carta. Por una parte, en cuanto frustra la consecución material de los fines esenciales del Estado, como son la realización efectiva de los principios, derechos y deberes consagrados en la Carta, el mantenimiento de la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (Preámbulo, arts. 1° y 2°). Y por la otra, en cuanto dicha omisión contraría, además de las normas constitucionales que regulan la acción de tutela y el derecho infringido, también aquellas que reconocen en el valor de la justicia y en los derechos al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, pilares fundamentales del modelo de Estado Social de Derecho (arts. 29, 86 y 230)” 

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